A- de 2021

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil (Santander) y el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

Al Revisar el asunto concluyó la Corte que solo se presentó un conflicto aparente de competencia, en tanto el despacho del municipio de San Gil determinó que no era competente para resolver el recurso de amparo porque el juzgado de Medellín precitado había sido el primero en conocer del uso masivo de tutelas con las características del presente caso.

La Sala Plena de la Corporación encontró que las solicitudes de amparo tramitadas por el juzgado de la capital de Antioquia tienen un objeto diferente al de la presente acción de tutela y, por tanto, no se cumple con el requisito de la triple identidad que justifica la aplicación de las reglas de la tutela masiva, según lo dispone el Decreto 1834 de 2015 y el Auto 170/16.

Con base en lo anterior se dirime la controversia estableciendo que la autoridad competente para resolver la solicitud de amparo es el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, instancia a la que se le repartió en un primer momento su conocimiento.

Se hace una advertencia a esta autoridad para que en adelante observe estrictamente la jurisprudencia de la Corporación en relación con los criterios que determinan la competencia en materia de tutela masiva, con el fin de garantizar los principios de celeridad, eficacia y prevalencia del derecho sustancial que enmarcan dicha acción.

A la otra autoridad se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el auto a-550/18.